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Acámbaro en Otomí. Lugar de Magueyes.

Sin embargo, existe la preocupación

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  1. Rigoberto Beltrán Vargas,

Colaborador del Semanario “El Ciudadano”

                                          

Finalmente la Suprema Corte de Justicia retornó la discusión para determinar si es inconstitucional la Ley de Seguridad Interior (LSI) que faculta, con un marco normativo, la actuación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad.

 

Tanto Diputados como Senadores, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), lo mismo que varias Universidades como el Centro de Defensa de los Derechos Humanos, se volvieron a pronunciar estableciendo que la coordinación en la materia debe estar a cargo de un mando civil y debe apegarse a la Constitución.

 

Ya habían cuestionado la subordinación de las autoridades civiles a las castrenses en la seguridad pública, la competencia del Congreso para legislar sobre dicha materia y que el Ejecutivo no puede reglamentar en tiempos de paz el uso de las Fuerzas Armadas.

 

Ahora la Suprema Corte de Justicia invalidó la Ley de Seguridad Interior porque el Congreso no diferenció de manera adecuada la seguridad nacional de la seguridad interior y la seguridad pública y buscó normalizar la actividad de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública sin tener en cuenta los Tratados y la legislación que en materia de derechos humanos limitan su actuación en casos excepcionales; la utilización de las Fuerzas Armadas debe ceñirse a las directrices de la Constitución, los Tratados internacionales y las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; la utilización de las Fuerzas Armadas, dada la compleja situación de violencia que en años recientes se ha desarrollado en el país, no debe ser normal, debe ser con estricto respeto a los derechos humanos, ante cuestiones excepcionales, que no sea permanente porque siempre debe tener un carácter excepcional y temporal.

 

Ante la invalidez de la Ley de Seguridad Interior que ha hecho la Suprema Corte de Justicia sorprende y preocupa la propuesta del Plan Nacional de Paz y Seguridad anunciada por el Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador, donde se pretende crear una Guardia Nacional formada y entrenada por elementos castrenses que apunta a confirmar un proceso fallido de militarización; aunque cuenta con elementos positivos como el poner énfasis en reducir la brecha de desigualdad.

 

Esta preocupación no es gratuita por lo que ha venido viviendo en los últimos años la nación y precisa de una reflexión más cuidadora tanto en la fundamentación teórica como en el planteamiento estratégico. El mismo día se ha vivido la esperanza de un país mejor armado para construir el respeto mutuo con fundamento en la democracia.

 

Ojalá que no volvamos a vivir nuevas situaciones llenas de dolor y desesperanza, llenas de violencia, de intolerancia y de impunidad.