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Acámbaro en Otomí. Lugar de Magueyes.

“10 de Mayo”, con herida social

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Pbro. Rigoberto Beltrán Vargas,

Colaborador del Periódico Digital “El Ciudadano”

Miles de madres en muchas partes del país, el pasado día 10 de mayo, hicieron marchas por octavo año consecutivo acompañadas de sus padres y familiares para exigir al gobierno que haga todo lo necesario para dar con el paradero de sus seres queridos.

Los gritos, entre muchos otros, eran: ¿Por qué los buscamos? ¡Porque los amamos! También marcharon niños con flores en sus manos o la foto de quien no aparece.

Grupos semejantes se vieron en las capitales de los Estados y en ciudades medias para exigir la búsqueda de sus familiares que han sido víctimas de desaparición forzada en los años recientes. Gritaron, denunciaron, exigieron, marcharon, hicieron plantones, suplicaron, celebraron misa, para recuperar su cuerpo y darle sepultura.

Mientras nos sigan faltando 40 mil mexicanos y mientras la impunidad y la corrupción sigan caracterizando a nuestro sistema de justicia y mientras 27 mil cuerpos sigan esperando ser identificados y tener una sepultura digna, las madres de los y de las desaparecidas -en las que se encuentran también madres de migrantes centroamericanos-, seguirán politizando y desestabilizando el sentido tradicional del 10 de mayo que ahora continúa con una herida social.

Estas madres han sido obligadas a ser la conciencia de nuestra sociedad, han roto el silencio de la indiferencia y con picos y palas han descubierto la verdad oculta en las más de 2 mil fosas clandestinas. Estas mujeres campesinas, maestras rurales, amas de casa, han tenido que dejar sus espacios laborales y familiares para buscar en las orillas de los ríos o en los predios ocultos para tomar la palabra en el Congreso de la Unión y convertirse ellas mismas en técnicas forenses prácticas. Y es que México ha sido convertido en una enorme fosa clandestina, según palabras de los representantes del Estado mexicano.

Frente a esta realidad, representantes de la sociedad civil han venido exigiendo la creación de un mecanismo forense extraordinario. Las dimensiones del problema resultan de miedo. La Comisión Nacional de Búsqueda estimó el número de personas desaparecidas en 40 mil 180, 2 mil 695 de las cuales habrían caído en esta situación solo en los últimos 3 meses de 2018; más todavía ningún organismo cuenta con un cálculo confiable.

Así las cosas, de no modificarse, las posibilidades reales de cambio en el actual gobierno parecen poco alentadoras.
El Sistema Nacional de Búsqueda debe dejar de ser simple cascaron y convertirse en un eficaz instrumento. Es urgente que los 3 niveles de gobierno tomen las acciones necesarias para localizar a todas las personas desaparecidas, consignar a los responsables sin importar si se trata de agentes estatales, miembros de organizaciones criminales o particulares y garantizar la no repetición de estos ilícitos. Solo así, se podrá ir avanzando  para poner fin a este sangriento fenómeno en el país.

Las marchas irían creciendo cada 10 de mayo

De ninguno de los desaparecidos hay pistas